GESTION AMBIENTAL REGIONAL OBJETIVA

El proceso de descentralización es ya una política pública nacional. El ejercicio de gobierno se ejerce por subsidiaridad (o subsidiariedad), que no es otra cosa que aproximar la gestión pública en la forma más inmediata a la sociedad (o grupo social) que demanda una respuesta concreta. Para eso se ha dotado a las municipalidades (gobiernos locales) de ciertas capacidades para cumplir con este propósito, organizándose además de modo que sumen a la gestión pública nacional vía regiones, para lo que también se han creado los gobiernos regionales. En algún momento de este proceso deberán aparecer las regiones.
Debe reconocerse una doble vía en la aplicación del principio de subsidiariedad: de la nación a la localidad y de la localidad hacia la nación.
El asunto ambiental es de interés nacional, regional y local; por ende, su atención exige una capacidad de respuesta local, organizada en regiones y con impacto nacional.
En este esfuerzo colectivo de la descentralización, el tratamiento del asunto ambiental, a efectos de alcanzar una respuesta eficaz a nivel local – donde se realizan las inversiones y donde se desarrollan sociedades no necesariamente productivas económicamente, pero que de cualquier modo buscan satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia – el país se ha visto en la necesidad de concertar sobre lo prioritario, de modo que el enfrentamiento a amenazas locales no se vea cargada de inequidades en la asunción de los costos y la distribución de los beneficios; sino que tanto los productores como los grupos sociales relacionados con ellos, trabajen por el interés común, identificando en ello el buen estado del ambiente. En este esfuerzo de concertación se han creado instrumentos de gestión ambiental pública, como las Comisiones Ambientales, las mismas que empiezan constituyéndose como los escenarios de concertación y coordinación de los intereses diversos en los espacios locales y regionales, seguidas de la definición de sus propias agendas también públicas; producto del análisis de la problemática ambiental que presiona sobre la calidad de vida de sus sociedades. En adición, también se estructuran los sistemas de gestión ambiental pública (regional y local), y alguno que otro ingrediente necesario de normativa que marque la pauta en aspectos necesarios, a la luz de un mandato principista y/o nacional.
Sin embargo, debido también al débil funcionamiento de los recientes procesos de concertación y coordinación, la implementación de las agendas ambientales inevitablemente resulta viciada de una ausencia de compromiso, insuficiencia de información y de criterios de eficacia pública. Las sociedades consideran que ciertas medidas priorizadas en las agendas ambientales deben ser asumidas por actores privados, quienes sienten interés por los temas o necesariamente deben asumirlos. Así, es posible que surja la idea de no comprometer recursos públicos en estos temas en particular.
Sumado a ello, los organismos públicos con competencias ambientales, siguiendo la inercia de actuar según lo mande el sector nacional (antes de la descentralización), no proponen medidas locales o regionales para asumir los temas ambientales que efectivamente les están afectando. Al final, la eficacia en el cumplimiento de las agendas ambientales es baja.
Lo más grave es que, en la compleja comprensión de desarrollar una respuesta, cuando se trata de evaluar el avance en la implementación de las agendas, reconocen que existen mandatos nacionales (producto de los compromisos asumidos a nivel de país, como es el caso de los convenios internacionales), que no han sido adecuadamente planificados. Tal es el caso del Cambio Climático, la Diversidad Biológica, la Lucha contra la Desertización y Sequía, el Ordenamiento Territorial y otros, que, al no haber sido priorizados en la agenda ambiental, poco o nada se hace por abordar estos aspectos.
Así las cosas, se percibe un elevado activismo ambiental y con pocos compromisos a nivel de las instituciones públicas, de modo que hay mucho que hacer y poco avance efectivamente previsto.
Esta situación desafía el modo de abordar el asunto ambiental, a nivel local y regional.
Ante esto, propongo que un grupo selecto de profesionales, destacados por su experiencia en asuntos ambientales, revise las prioridades regionales en un esfuerzo de articularlas además a las decisiones estratégicas de estos mismos escenarios regionales, seleccionando prolijamente los temas que la gestión regional debe abordar. Estos profesionales pueden ser los docentes de las universidades reconocidas por su propuesta ambiental y otros que, localizados en puestos públicos o privados, ejercen liderazgo sobre el asunto ambiental de la región.
Ellos bien pudieran elaborar una propuesta de Política Ambiental Regional para ser validada ante la sociedad y los gobernantes regionales, valiéndose del mandato que le dé la comisión ambiental correspondiente.
Así, la propuesta de Política Ambiental Regional, como marco para las inversiones públicas y privadas en gestión ambiental, sirve como marco orientador del enfoque de la implementación regional de las estrategias nacionales.
La Política Ambiental Regional prioriza los temas ambientales a la luz de su impacto en el desarrollo humano y el crecimiento económico regional, cumpliendo – claro – con el mandato nacional de ajustarse a los compromisos adquiridos a nivel global.
Entonces, es de esperar que la Agenda Ambiental Regional se elabore a partir de la Política Ambiental Regional. Aquí, aquellas actividades que correspondan a las instituciones del Gobierno Regional serán debidamente planificadas como proyectos de inversión pública.
Si logramos esto, el avance en la implementación de la Agenda Ambiental Regional evidenciará un innegable avance a favor del desarrollo sostenible local y regional.